Vengo a decir de Guatemala

“(…) Así amo yo la vida

y amo a la humanidad,

amor mío,

cuando te amo y amo

a los hombres sencillos

de mi bello y horrendo país.”

Otto René Castillo, poeta y revolucionario guatemalteco. Capturado por las fuerzas del gobierno, fue conducido a la base militar de Zacapa y después de ser torturado y mutilado, fue quemado vivo el 23 de marzo de 1967.

Andrés Figueroa Cornejo

 Justo un peldaño menos empobrecida que Haití, la historia moderna de Guatemala, ese “lugar de muchos árboles” (náhuatl), ha sido humanidad rota, volcán sangriento donde se acunara una de las culturas más complejas preinvasión hispana. Allí está. Lacerada, violada y podrida por el imperialismo estadounidense, su trágicamente famosa United Fruit Company -hoy Compañía de Desarrollo Bananero de Guatemala S.A.-, sus tiranos  infinitos con o sin charreteras, la corrupción a escala superlativa y en la actualidad, ocupada por la industria del narcotráfico, que junto con la de las armas y la prostitución más rentan en el planeta financiero. Guatemala. Extensión obscena de los intereses del Estado corporativo norteamericano. Exporta azúcar, banano, café, cardamomo y petróleo en un 41,2 % del total a Estados Unidos, y de ese imperio importa un 34,5 % de todo. Guatemala. La plaza donde Ernesto Guevara de la Serna sacó sus principales conclusiones respecto del imperialismo y otros asuntos políticos, antes de colaborar con la emancipación de Cuba. La que, producto de la guerra civil donde el ejército del capital bien apertrechado por el Pentágono política y militarmente, sólo entre 1978 y 1986 mató a alrededor de 250 mil personas, de las cuales 45 mil permanecen desaparecidas, mientras fueron diezmadas, como si jamás hubieran existido, 443 aldeas. Guatemala. 45 % de mestizos, 40 % de originarios, 15 % de blancos. Guatemala. Estrangulada por los poderes del norte criminal.  

TRABAJADORES POR LA JUSTICIA

Y Guatemala encumbra cabeza del humedal de sangre embarrada. Victoria Reyes es la Secretaria General (A) del    Sindicato Nacional de Operadores de  Justicia del Organismo Judicial -SINOJ- y relata que su agrupación “cuanta con 50 afiliados. Es un sindicato gremial, o sea que está formado por auxiliares judiciales y quienes colaboran con la administración de la justicia. En Guatemala muy pocos se asocian a un sindicato. Lo más triste es que si alguien lo hace, nadie quiere asumir responsabilidades. Y algunos  participan en el comité sólo  para protegerse”.

-¿Cuál es tu visión de la actual organización de los asalariados guatemaltecos?

“Difícil. No hay fuentes de trabajo y las que existen suelen súper explotar al trabajador y  no garantizan los derechos al seguro social, pago de bonos, etc. La fuerza laboral en la llamada economía informal va desde niños de 6 años hasta ancianos de más de 70 años. En la empresa privada está prohibido organizarse. Lo mismo ocurre en dependencias del Estado, como el Registro Nacional de las Personas (RENAP), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Ministerio Público y el Organismo Judicial. Como botón de muestra a los dirigentes de los compañeros organizados del RENAP, se les privó de acercarse a las instalaciones de su trabajo. Lo mismo ocurrió con los empleados de INACIF, quienes por organizarse finalmente fueron despedidos por la actual directora Licda de Ovalle quien está ‘haciendo méritos’ para ser reelecta. Asimismo, el Ministerio Publico destituyó a la secretaria general de los trabajadores de la División de Investigaciones Criminológicas (DICRI), y a los compañeros de la SAT.”

-¿Y qué hace la cartera del sector?

“El Ministerio de Trabajo no hace nada y la ignorancia del trabajador respecto de sus derechos es ideal para que los patronos hagan lo que la gana se les dé, sin contar con la corrupción de algunos empleados y funcionarios públicos en esa partición.”

-¿Y tú sindicato?

“No podemos entablar una negociación de pacto bajo el argumento de que no somos el sindicato mayoritario, aunque legalmente sí podríamos por nuestra condición gremial. Sin embargo, el Organismo Judicial al que pertenecemos y  administra justicia en general y la laboral se justifica con que el código de trabajo dice que se negociará con el sindicato que tenga mayor número de afiliados, y el mayoritario tiene alrededor de mil personas de casi 8 mil que somos.”

-¿Qué acciones pueden emprender en este caso?

“Nosotros hacemos denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y ante el mismo Organismo Judicial cuando un trabajador afiliado esta siendo objeto de acoso laboral, aunque aquí no existe esa figura dentro del código de trabajo. Entonces intentamos trasladar al acosado a otro lugar de trabajo. La actual presidenta del OJ es más accesible que otros magistrados que han sido presidentes y nunca les interesaron los trabajadores. En materia sindical el más descarado es el Sindicato de Trabajadores del OJ,  pero no porque la organización sea mala, sino porque son sus dirigentes ya han vendido al trabajador negociando pactos sin beneficios económico-sociales efectivos y porque se valen de sus puestos para que entren a trabajar sus familiares. Claro que ello tiene un precio y lo paga tanto el afiliado al sindicato, como los demás trabajadores. Pero sus asociados no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. En nuestro caso, hasta esta fecha la Procuraduría de los Derechos Humanos no se ha pronunciado al respecto.”

-¿Cuáles son los principales riesgos que corren los trabajadores del área judicial?

“El despido indirecto, acoso laboral, traslados a poblaciones muy distantes de sus lugares de origen o de sus lugares actuales de trabajo. El riesgo de no obedecer la orden de ‘traslado motivado’, como ellos le llaman, tiene por resultado la destitución. Esto ocurre en todos los organismo del Ministerio Público y el Organismo Judicial.”

-¿Cuál es el estado de ánimo de los trabajadores del sector?

“Muchos trabajadores están inconformes con el proceder especialmente de la actual Corte Suprema, pero tienen miedo y no realizan denuncias. Aceptan lo que les hacen los  jueces. De hecho, yo misma soy víctima de no permitir que violenten mis derechos a pesar de que el reglamento de ética del OJ dice que los jueces no pueden influir en los traslados, proponer o nombrar. Sin embargo, el propio Organismo Judicial infringe la ley. Nuestro sindicato ha puesto el dedo en la llaga y no es del agrado de muchos funcionarios del Organismo Judicial. Por eso  muchos somos perseguidos. Es más, el 18 de junio pasado denunciamos ante el Secretario de la Presidencia, el acoso laboral del cual son objeto varias trabajadoras del Juzgado de Instancia Penal del departamento de Jutiapa, al extremo que ya hay destituidas, mientras que otras ya están en el hospital de psiquiatría. Sin contar con el absurdo de que la misma jueza que denuncia a las trabajadoras, a su vez,  es denunciada por varios abogados de ese pueblo por abusos en contra de las litigantes y el personal del Juzgado.”

-¿Qué más les queda por hacer?

“En breve efectuaremos denuncias ante la OIT, quien tiene amenazada a Guatemala por la violación a los derechos de los trabajadores. También sindicatos de Estados Unidos han realizado acusaciones por lo mismo ante la OIT.”

MEDIDAS SIN PUEBLO

Por otra parte, actualmente los estudiantes normalistas (profesores) están luchando porque el gobierno quiere imponer un bachillerato en educación, cuando en Guatemala la carrera magisterial se cursa en Educación Media. La administración política del Estado, encabezada por el presidente y general en retiro Otto Pérez Molina, unilateral e inconsultamente pretende eliminar ese formato, mientras que los estudiantes, varios catedráticos y muchos padres de familia no están de acuerdo con la medida debido a que se reduce el tiempo en un bachillerato con orientación en educación. Además, el Ejecutivo quiere que para ser educadores los jóvenes estudien 3 años en la Escuela de  Maestros de Educación Media que, sin tener estatus de Facultad, pertenece a la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala. La ministra de Educación, Cinthya del Águila, dice que los alumnos no saben leer ni sumar, pero en el bachillerato que está proponiendo e imponiendo, contradictoriamente, se reducen las clases de lenguaje y matemática. La medida ha provocado protestas. El proyecto gubernativo busca que la carrera profesoral sea de 5 años y en un horario de todo el día, situación que muchos padres no podrán sostener económicamente. Lejos de ser incluyente y democrática, la imposición no consideró a la comunidad educativa ni al pueblo en general.

Pese a sus dolores inconmensurables, Guatemala amanece de a poco, como quien enciende tímidamente una pupila después del horror.  

Junio 20 de 2012