De acuerdo a un conjunto de cuadros otorgado por el académico chileno, Alejandro Saavedra, al 2002, las relaciones y porcentajes de las clases en Chile se dividían en un 62 % de trabajadores que viven de un salario a cambio de la venta de su fuerza laboral a uno o más capitalistas; un 7 % de empleadores; un 2,9 % de empleados públicos; un 0,4 % de directivos del Estado; un 5,1 % de directivos de la empresa privada; un 16,6 % de trabajadores por cuenta propia; y un 5,4 % de empleados domésticos.
En términos convencionales, de acuerdo a la distribución de la población, la burguesía correspondería a casi un 7 %; la pequeña burguesía a un 30,46 %, y los trabajadores asalariados a un 62, 6 %.
En general, la población urbana económicamente activa es casi un 90 % respecto de un 11 % de población económicamente activa que se desempeña en el campo.
Según datos ofrecidos por el diario La Tercera en octubre de 2006, en Chile existen a lo menos 6 familias multimillonarias (patrimonio superior a los mil millones de dólares); 126 familias de grandes millonarios (patrimonio entre 20 y 100 millones de dólares); 506 familias de millonarios consolidados (5 a 20 millones de dólares líquidos); y 3.417 familias de millonarios emergentes (entre 1 y 5 millones de dólares). Lo anterior correspondería a la composición de la denominada “gran burguesía” chilena, donde se encontrarían las familias Angelini, Matte, Lucsik, Solari, Paulmann; Piñera, Cueto, Saeih, etc.
Las propiedades diversificadas de la burguesía mandante se encuentran en las industrias minera, forestal y celulosa, bancos, electricidad, telefonía, grandes tiendas, transporte aéreo, vapores, agua potable, bebidas y vino, gas, combustible y pesca. Los capitales funcionan combinadamente entre los propietarios nativos (de tendencia expansiva hacia los países aledaños) y los transnacionales (especialmente españoles, canadienses y norteamericanos, entre otros). Datos de 2004, afirman que las 20 mayores empresas exportadoras son extranjeras en un 40 %, privadas chilenas en un 22 %, y del Estado en un 38 %.
La naturaleza rentista de la clase que domina en Chile y que determina el contenido del Estado se encuentra en el despojo privatizador del subsuelo (especialmente para el extractivismo minero); los recursos marinos, los acuíferos, y los ligados al suelo y la propiedad territorial. Los monopolios en el ámbito de los servicios funcionan de manera especial en las industrias de la electricidad, gas y agua; teléfonos y comunicaciones; gran comercio; servicios financieros: transporte aéreo y autopistas.
Al 2002, la mediana y pequeña burguesía organizaba su propiedad en casi un 20 % en el sector primario; casi un 20 % en la industria manufacturera y la construcción; y un 60 % en servicios. Este sector de la sociedad chilena, hace 7 años, correspondía a 500 mil personas.
En el mismo año, los trabajadores asalariados se dividían en un 14,8 % en el sector primario; un 26, 6 % en la industria manufacturera y construcción; y un 58, 6 % en servicios. Hace 7 años, en total sumaban a más de 3 millones 600 mil personas. Si se estima tendencialmente el movimiento del capital asociado al aumento de la población y la incorporación de mujeres y jóvenes al trabajo, al número anterior es preciso agregarle alrededor de 500 mil asalariados más, de un universo que todavía no llega a los 7 millones de personas. El diferencial se completa con la proliferación de los trabajadores por cuenta propia y la informalidad laboral creciente.
Hacia el 2010, la tendencia del capitalismo en Chile obra concentrando la propiedad, proletarizando formal, pero más informalmente a un gran número de personas provenientes del empleo ampliado de mano de obra femenina y juvenil, cuyo precio promedio de sueldo es ostensiblemente inferior que el de los asalariados hombres por las mismas tareas. Al respecto, la movilidad social en la actualidad no está asociada al ascenso social, sino, por el contrario, a la migración, la precarización de las relaciones contractuales, la flexibilidad laboral y la intensificación de la explotación. En este sentido, vale relevar la ausencia de derechos sociales adecuados, los cuales, simplemente, reproducen las relaciones polares de clase: una minoría tiene educación, salud, vivienda y recreación de “primer mundo”, mientras la inmensa mayoría está condenada a los mismos servicios, pero de “tercer mundo”.
Con un casi un 10 % de cesantía oficial en Chile producto de los efectos de la crisis capitalista, la contracción de la oferta laboral disminuye drásticamente el precio de los salarios; propala el endeudamiento plástico y usurero de las casas comerciales (las cuales han reconocido que ya más de la mitad de sus utilidades provienen de los préstamos caros, más que de la propia venta de mercancía tradicional). La gran mayoría de la gente en Chile no se endeuda para hacerse de mercancías suntuarias, sino para comprar los alimentos básicos en medio de la proliferación de supermercados altamente segmentados socialmente.
La organización del trabajo cada vez más fragmentada; leyes laborales antipopulares y que destruyen las posibilidades de organización sindical en cualquiera de sus formatos posibles (aun en ellos más inofensivos y con nimia capacidad de negociación); el endeudamiento asfixiante, y el control unidimensional de los medios de comunicación de masas (entretención barata que encabeza el panorama recreativo de las grandes mayorías), operan con violencia en el campo de la alienación social fundado en el miedo, el consenso forzado y la resignación.
De este modo, la lucha de clases se expresa soterrada y episódicamente, facilitando el aumento de una verdadera industria delincuencial –con división muy bien organizada de tareas-, conflictos laborales aislados que pocas veces alcanzan el reajuste salarial, multiplicación de psicopatologías ligadas a la incertidumbre, un movimiento popular que no alcanza a revelar sus intereses históricos y que es presa fácil del clientelismo político; la insatisfacción generalizada, el descrédito del debate y hacer en el ámbito público como automovimiento y regulación desde abajo; la desorientación y el subsecuente acuartelamiento en los intereses inmediatos de la sobrevida a escala individual.
Los diagnósticos (donde se incluyen vergonzosamente estas mismas líneas) se multiplican a puerta cerrada, toda vez que se precisa de la construcción simbólica y resignificación –de acuerdo a los tiempos políticos y la propia conciencia popular- de los aspectos convocantes y que ofrezcan sentido contemporáneo a las claves de la emancipación social. Sobre lo último, la asociación entre ética y política es una matriz desde donde enarbolar la edificación del paradigma propio de la liberación de las mayorías.
Ahora mismo, las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo fin de semana han contado con la indiferencia más extendida desde el comienzo de los gobiernos civiles. La competencia entre tres candidatos estratégicamente de la Concertación (más allá del programa del candidato Arrate de la izquierda tradicional, finalmente llamará a votar por Frei en la segunda vuelta) y uno de la derecha convencional, ha provocado una suerte de confusión e indolencia electoral. Lo cierto es que iniciativas políticas anticapitalistas, como el MPT, pronto deben ser capaces de establecer superiores niveles de sintonía popular, superando la reagrupación inicial que lo justifica. Razón y fuerza siempre van de la mano. Y no hay más remedio que apelar al peruano luminoso, reunir y propiciar el movimiento real de los pueblos y los trabajadores territorializados en Chile, y provocar, una vez más, “la creación heroica”, ya no más copia, ya no más calco. Adiós manuales, facilismos y “vías rápidas”. Sólo lucha, inteligencia, disciplina y corazón.
Andrés Figueroa Cornejo
Diciembre 7 de diciembre.
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